CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero (QUADRATIN MEXICO).- La Contraloría General de Guerrero investiga a 24 servidores públicos que podrían tener responsabilidad po0r omisiones durante los hechos de violencia del pasado 12 de diciembre, en el que asesinaron a los dos normalistas, informó el titular del organismo, Julio César Hernández Martínez.

En conferencia de prensa, Hernández Martínez informó que “estas responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito; no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente”, explicó.

Además, expresó, se les investiga por "haber tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles; no haber utilizado los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, y no haber conformado, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas".

Hernández Martínez aseguró que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que sean acreedores de otro tipo de sanciones.

El funcionario estatal, informó que la Contraloría General abrió la investigación QD/IA/007/2012 contra los servidores públicos de la PGJ como probables responsables.
Y precisó que para determinar las responsabilidades, desde diciembre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil proporcionaron los nombres de quienes participaron en el operativo efectuado en la carretera México-Acapulco, en el que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y resultó lesionado el empleado de una gasolinera, que posteriormente falleció.

En las investigaciones para determinar las probables responsabilidades administrativas están involucrados Alejandro Hernández Paz y Puente, ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales; José Vélez Zapata, director general de Control de Averiguaciones Previas; María Seberiana Flores Peña, quien se desempeñaba en esa fecha como fiscal Regional Zona Centro, y Esteban Maldonado, fiscal Especializado para la Investigación de Delitos Graves.

También están Joaquín Díaz Terrero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal Especializado para el Combate del Delito del Secuestro; María Eugenia Salgado Guzmán, quien fuera agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, y Juan Manuel Martínez Utrilla, director General de los Servicios Periciales.

El funcionario indicó que igualmente se procederá en contra de agentes de la Policía Ministerial: Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Jorge Armando López Ruiz, Ismael Matadama Salinas, Rey David Cortés Flores, Ricardo Arévalo Adame, Manuel Luis Cristino y Manuel Araujo Arellanos.

Además, los agentes Jesús David Urquizo Molina, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez Márquez, Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gama García, Reyes Castro Tolentino y José Rodríguez Carvajo.

grr