CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (Quadratín México).- La mayoría de la sociedad española, 61%, considera que el juez Baltazar Garzón “está siendo objeto de una persecución” y no comprenden ni comparten la decisión que tomó el Tribunal Supremo español, de inhabilitar por 11 años a Garzón, según el sondeo que la empresa deMetroscopia realizó para el diario El País.

Es todavía mayor el porcentaje (77%) de españoles que afirma que no se puede considerar delito la indagación judicial de los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil. Respecto a ese tema, sólo 18% de los consultados opina que Garzón debe ser condenado.

El veredicto de expulsión del magistrado de la carrera judicial, por haber autorizado la escucha de conversaciones telefónicas no es percibido como un acto de  justicia, sino como “la culminación de una persecución” contra Garzón, debido a que es la primera de tres medidas que recaerán sobre el ex magistrado, a quien se procesa por un caso de corrupción conocido como “Gürtel”, además por investigar los crímenes del franquismo.

Los encuestados consideran que un juez debe estar autorizado para interceptar conversaciones si considera que su contenido va más allá del estricto derecho a la defensa. Quienes opinan lo contrario son el 30%.

Cabe recordar que Garzón, en una carta publicada el jueves, rechazó “frontalmente la sentencia”, la cual, asevera, “no se ajusta a derecho” y lo condena “de forma injusta y predeterminada”.

Enfatizó que ha trabajado “contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas”.

Garzón considera que “esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.

Anunció que ejercerá “todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.